Tu infraestructura funciona. Tu soberanía, ya veremos…
Unas declaraciones a Reuters de la comisaria europea de competencia, Teresa Ribera, inciden en un cambio de enfoque que me parece muy interesante: cada vez más, la supervisión de las grandes tecnológicas exige cada vez más ir más allá de los precios y las posiciones dominantes, para incorporar también la seguridad democrática: cómo se gobiernan las compañías de las que dependemos para casi todo, fundamentalmente intentando evaluar quién tiene la autoridad efectiva sobre los servicios que consideramos esenciales. Las declaraciones se quedan ahí, en el planteamiento del problema sin aventurar una solución, pero me han parecido interesantes en cualquier caso.
¿De qué hablamos exactamente? Por usar un ejemplo clásico, examinemos la oferta europea de cloud computing, la famosa «nube»: en Europa, según datos de julio de 2025, resulta que Amazon, Microsoft y Google, en ese orden decreciente, concentran un 70% del mercado, mientras los proveedores europeos suman aproximadamente el 15%, y el otro 15% está en manos de otros competidores estadounidenses o asiáticos. Incluso si tienes el deseo y la voluntad política de cambiar de proveedor, llevarlo a cabo resulta en muchos casos muy complejo, y condiciona claramente el mercado.
Ese condicionamiento puede incluso, en algunos casos, llegar a marcar el curso de una guerra: una investigación de Reuters sobre Starlink atribuye directamente a Musk la decisión de cortar la cobertura durante la contraofensiva ucraniana de 2022 en Jersón, y evitó un intento de cercar una posición rusa. Como vemos, controlar telecomunicaciones esenciales puede conceder un importante poder geopolítico que puede llegar a influenciar o decidir muchas cosas.
En ese sentido, la promesa de defender al cliente ante posibles cambios tampoco elimina la dependencia. Microsoft, por ejemplo, afirma haber incorporado en sus contratos públicos la obligación de recurrir judicialmente cualquier hipotética orden gubernamental de suspender sus operaciones de cloud computing en Europa. Sin embargo, esto no evita que la continuidad de servicios esenciales quede expuesta a un eventual conflicto entre jurisdicciones, uno de esos que no se solucionan de la noche a la mañana. Comprometerse a recurrir una orden no garantiza en absoluto que vayas a ganar un posible litigio, ni en cuánto tiempo va a terminar de resolverse.
El pasado junio de 2026, Reuters informó sobre propuestas europeas de requisitos de soberanía para servicios de cloud computing potencialmente sensibles: ¿qué requisitos deberían cumplir las compras de organismos públicos? Como mínimo, deberían exigir control operativo, continuidad y capacidad de sustituir proveedores en caso de considerarse necesario. Esa propuesta legislativa siguen pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Lo fundamental, sobre todo, es recuperar la capacidad de elección. El Observatorio de Código Abierto de la Comisión Europea documenta la migración de más de 44,000 buzones de Schleswig-Holstein a Open-Xchange y Thunderbird, y la adopción de LibreOffice en el 80% de su entorno ofimático. Europa necesita poder exigir alternativas, interoperabilidad y eventuales planes de salida: la soberanía solo es efectiva cuando existe la posibilidad de cambiar de proveedor si lo estimas oportuno. La continuidad técnica de un servicio no equivale a conservar el control sobre él.
In English on Medium, «Europe’s digital infrastructure is fine, the problem is its digital sovereignty«
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