El vínculo entre los pisos turísticos y las elecciones en España es más estrecho de lo que parece

Existe un hilo conductor entre casos como los de Paquita y la nueva cita con las urnas: el problema de la vivienda, convertido en principal preocupación para el 41% de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Plataformas como Airbnb tienen su responsabilidad, según organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. “Es una pieza importante de un modelo que convierte la vivienda en un negocio cada vez más rentable para unos pocos y cada vez más inaccesible para quienes buscan un hogar”, dijo Pablo Pérez, uno de los portavoces del colectivo, a WIRED en Español.

Laura Rodríguez, de 38 años, es vecina del mismo bloque de Paquita. La mujer, que trabaja como consultora, explica que fue expulsada de su última vivienda hace unos años. Ella y sus compañeras de piso recibieron un burofax que las ponía en la calle sin opción a renovar contrato. Lograron mudarse al piso de abajo. Meses después, su anterior departamento era una vivienda turística que aparecía en la página de Airbnb. Así que vive bajo un piso ocupado por turistas, con ruidos y molestias, y obligada a pagar mucho más. “En seis años hemos pasado de pagar 900 euros (más de 1000 dólares) a 1500 euros (casi 1700 dólares)”, protesta.

Las últimas semanas fueron vertiginosas en España y centraron la atención en el problema de la falta de vivienda. El pasado 23 de septiembre otra mujer de edad avanzada, Maricarmen Abascal, fue expulsada de su piso en el barrio de El Retiro, en el centro de Madrid. Días después, una protesta contra la especulación y la falta de acceso a departamentos dignos derivó en una acampada en la Puerta del Sol, la principal plaza de la capital española. Allí acude casi a diario Rodríguez.

Esa misma semana, el gobierno de Sánchez (PSOE) presentó dos decretos de urgencia: buscaban limitar la venta de vivienda a los fondos buitre y prohibir el desalojo de personas vulnerables. La mayoría conservadora en el Congreso echó atrás estas medidas y el presidente respondió llamando a las urnas. “A una mayoría social le indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos”, dijo el presidente en su declaración. “Ahora comienza una campaña electoral que va a estar profundamente marcada por la vivienda”, consideró Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Por ahora un juez ha frenado la expulsión de Paquita. Dice que no podrá ser obligada a hacer las maletas hasta que tenga un lugar alternativo en el que quedarse. Pero el problema de los pisos turísticos se mantiene.

WIRED en Español realizó una búsqueda en plataformas como Airbnb o Booking y encontró que se ofertan alojamientos incluso para 10 personas en el mismo bloque. Tolesanta, el fondo que quiso desalojar a la anciana, aparece como uno de los anfitriones. No hay mención a permisos o números de licencia.

Laura Rodríguez denuncia que esto es porque se trata de pisos ilegales. “Quieren expulsar a una persona de su casa para permitir que un propietario cometa delitos”, argumenta.

Descontrol de alquiler turístico

En los últimos años se registró un fuerte incremento de los pisos turísticos. Muchos de ellos no tienen licencia. La ley dice que en el centro histórico de Madrid solo pueden instalarse nuevos pisos dedicados a este negocio si ocupan un bloque entero. Esto provoca que los propietarios puedan lanzar campañas de hostigamiento para hacerse con todas las viviendas. También, que incumplan la ley. Porque tanto en Toledo 77 como en Santa Ana 6 (que son contiguos) hay pisos dedicados al uso vacacional y ninguno de ellos aparece inscrito en el registro del Ayuntamiento.

El sábado 3 de octubre, WIRED en Español realizó un recorrido en estos departamentos. Comprobó el trasiego de turistas, muchos de ellos con maletas con ruedas, durante la hora del checkout. Vecinas de Toledo 77, que no quisieron identificarse por miedo a represalias, explicaron que son habituales los ruidos y los desperfectos. También, las llamadas a la policía. Aseguran que los propietarios trataron de presionarlas para que vendieran sus casas. “Al principio intentaron que nos fuéramos a buenas. Luego nos amenazaban”, dice una de ellas. Una de las familias llevó a juicio a Airbnb y le obligó a retirar diez pisos turísticos. Pero todavía hay ofertas en la plataforma.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en más de 13 000 el número de alojamientos en Madrid y unos 340 000 en toda España. El Ayuntamiento de Madrid dispone de una web en la que registra poco más de un millar de pisos con licencia. El resto serían ilegales, según sus opositores. “Ni los miran ni los fiscalizan”, se queja Lucía Lois, concejala por Más Madrid, principal partido de la oposición y el más crítico con el proceso de “turistificación” que sufre la capital de España.

WIRED en Español se puso en contacto tanto con Airbnb como con Tolesanta SL, pero no recibió respuesta.

El desalojo de Maricarmen Abascal de su casa fue la chispa de la protesta que ha empujado a Sánchez a adelantar las elecciones. Pero el problema se multiplica. Y tiene muchos rostros. Paquita teme que cualquier día le llegue otra orden de desalojo, mientras miles de jóvenes viven asfixiados por alquileres que se comen buena parte de su salario. Los pisos turísticos, como dice Pablo Pérez, son una parte del problema. “Sin una plataforma que les dé visibilidad son mucho más difíciles de alquilar”, resume.