El Algarrobico es el mayor monstruo de la ambición turística desmedida: 411 habitaciones y cero huéspedes
Veinte años de callejón sin salida
En febrero de 2006, desde el tribunal del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería se ordena paralizar las obras. Desde ese momento, el Algarrobico se convierte en el caso judicial más enrevesado del urbanismo español: más de una decena de sentencias del Tribunal Supremo (ATS 3898/2021) y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirman, una y otra vez, que el hotel se construyó en suelo protegido y que debe demolerse.
Pasa un año, los de Greenpeace pintan un “ILEGAL” gigantesco sobre la fachada. Pasa otro año y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol. Se declara nula la licencia. Pero sigue la pelea: los activistas cubren el hotel con 18.000 metros de tela verde. La Fiscalía General ordena abrir diligencias de investigación para ver si aquí hay delito de prevaricación.
En 2011, Greenpeace recopiló más de 27.000 firmas para su demolición. Incluso instalaron una gigantesca bola de demolición con grúas. En 2012, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pide al Gobierno la expropiación. Pocos meses después la Abogacía del Estado niega que el Gobierno sea competente para derribar el hotel. El bucle es de risa: el Supremo determina que, antes de derribar, hay que anular la licencia municipal que permitió construir. El Ayuntamiento de Carboneras, que otorgó ese permiso, se niega a anularlo. Y sin licencia anulada, no hay derribo legal posible. Y sin derribo, la mole sigue ahí, oxidándose al sol. En 2021, tras 15 años de sentencias condenatorias, su demolición se canceló por el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).
Nombres concretos
Durante estos años se empezaron a llenar sus fachadas de arte urbano y pintadas protesta, pero algunos ya se habían embolsado mucho dinero. La Fiscalía de Almería abrió diligencias para investigar a 7 concejales de Carboneras por un posible delito de prevaricación administrativa, a raíz del acuerdo plenario del 17 de junio de 2026 que volvió a aplazar la anulación de la licencia. 5 de ellos están vinculados al PSOE.
Mientras tanto, Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF seguían presionando, aludiendo a la Ley de Costas. Tras el no reiterado de su demolición, la ONG sigue presentando recursos que el Tribunal Supremo rechaza o desestiam. Por suerte, la Audiencia Nacional también rechaza que las administraciones indemnicen a la promotora (con 70 millones, nada menos). El edificio ya es una carcasa y el caso avanza hasta 2024, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) investiga si las decisiones judiciales españolas son normales o irregulares.
Exprópiese
El giro decisivo llega por una vía distinta a la judicial. En febrero de 2025, el Gobierno central declara la utilidad pública de los terrenos que el hotel ocupa dentro del dominio público marítimo-terrestre, primer paso para expropiarlos al amparo de la Ley de Costas. Azata del Sol recurre. En agosto de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica rechaza el recurso de alzada y cierra la vía administrativa: la expropiación sigue adelante.
Ahí empieza otra pelea, esta vez por dinero. El Gobierno ofrece 16.496 euros por el suelo expropiado, una cifra que asume que solo se paga el terreno, no el edificio. Azata del Sol exige 44,5 millones: incluye en su cálculo el valor del hotel construido, más un 5% adicional por “daño moral” y descrédito empresarial. El desacuerdo pasa ahora a un jurado provincial de expropiación, que tiene hasta 6 meses para fijar un precio justo. En la práctica, es un tribunal de divorcio que debe decidir cuánto vale una relación que nunca debió empezar.
Se acabó el bloqueo
El otro frente —el municipal— también avanza. El 7 de julio de 2026, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprueba, en segundo intento, anular la licencia de obras de 2003. Vota a favor el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), junto a 7 concejales presentes. 4 ediles —entre ellos dos del PSOE investigados— abandonan el salón justo antes de la votación, dejando sus sillas vacías en la foto final. La decisión llega después de un ultimátum del TSJA, que había dado 20 días al Consistorio para actuar bajo amenaza de ejecutar la anulación por su cuenta.
En un municipio de menos de 9.000 habitantes donde muchas batallas se discuten en bares, todos saben quién se levantó de la silla y quién se quedó. Con la licencia anulada, desaparece el último obstáculo administrativo puro que quedaba en pie. Pero esto no acaba aquí: el proceso sigue abierto en dos frentes paralelos: la expropiación estatal del 40% del suelo, la franja que invade el dominio público, y la restauración ambiental del entorno, competencia de la Junta según un reparto de tareas pactado en 2011. Tras otra queja, Greenpeace registró el 27 de julio de 2026 un escrito exigiendo a Carboneras que active ya el procedimiento de derribo.
Cuánto cuesta borrar un símbolo
Un informe de la empresa pública Tragsa, elaborado en 2012, calculó el coste global de la demolición y restauración en 7,1 millones de euros. De ellos, 3,9 millones se destinarían a tirar el edificio y tratar unos 60.000 metros cúbicos de residuos; 1,5 millones, a restaurar el paraje; el resto, a estudios previos, proyecto, dirección de obra y seguridad. El paso del tiempo ha encarecido esa factura: solo el aumento del precio de la energía, de la mano de obra y de la gestión de residuos puede haber inflado el presupuesto hasta un 50%.
Greenpeace encargó su propio estudio, elaborado por el colectivo de arquitectura n’UNDO. Propuso un desmantelamiento selectivo en vez de una demolición tradicional. Su propuesta mantiene una cifra similar —unos 7,3 millones de euros—, pero promete reciclar hasta el 98% del material y reducir los costes en torno a un 11%, convirtiendo la playa en un laboratorio de I+D de demolición, gestión de residuos y restauración de paisaje durante dos años. La propuesta calcula 380-410 empleos generados, 530 horas de cursos y 71 toneladas de CO2 no emitidas. Ninguna administración la ha adoptado todavía.
Hasta Almería y más allá. El Algarrobico, más que un hotel fallido es la constatación de que durante los años del boom inmobiliario, el cemento llegó más lejos que la ley. El hambre por el dinero pisoteó incluso un parque natural protegido por la Unesco. Cada pleno y cada recurso de Azata del Sol alimenta una sensación de que la ilegalidad, sostenida el tiempo suficiente, se vuelve paisaje. Porque la verdad se defiende sola; la mentira necesita ayuda de tribunales.
Imágenes | Flickr (PhotoLanda, Raquel Morrison, Francisco Jesús Gómez Gálvez, Salvador Ruiz Gómez)
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