México quiere mejorar sus leyes ambientales tras casi cuatro décadas, pero los defensores exigen garantías

En términos generales, según Bárcena, la LGEEPA se basa en 10 principios básicos. En primer lugar, establece que los recursos naturales son la infraestructura esencial sobre la que se construyen la prosperidad económica y el bienestar social. Bajo esta premisa, el proyecto reconoce que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó la secretaria.

Bárcena además aseguró que, aunque la legislación considera mecanismos y medidas para reparar los daños ambientales, prioriza la prevención de afectaciones con base en una visión de conservación a largo plazo.

La iniciativa también estipula que el conocimiento técnico y científico deberá respaldar todas las decisiones y acciones ambientales. Por ello, buscará fortalecer la colaboración entre la Semarnat y dependencias como la Secretaría de Ciencia, Innovación, Humanidades y Tecnología, así como con académicos y científicos especializados en temas ambientales.

La LGEEPA añade un componente colaborativo que pretende involucrar a los pueblos originarios y a la ciudadanía en general en la protección y el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. La propuesta plantea adoptar mecanismos de gestión y ordenamiento territorial en colaboración con las comunidades y bajo una visión de largo plazo.

Además, contempla una serie de campañas y acciones para promover una cultura ambiental entre la ciudadanía, con el objetivo de facilitar la transición de una economía que desecha hacia otra que aprovecha y recicla. Con ello, busca impulsar la protección compartida del patrimonio biocultural.

Finalmente, la nueva ley contempla un capítulo completo dedicado a la protección de los derechos y garantías de los defensores ambientales, quienes en México enfrentan graves riesgos de acoso, muerte y violencia, muchas veces perpetrados por los propios gobiernos, según diversas investigaciones.

En conferencia de prensa, Bárcena aseguró que el momento ambiental que atraviesa el planeta “nos exige como país claridad moral, rigor técnico y, sobre todo, responsabilidad histórica”.

A su juicio, la propuesta representa “una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza y, sobre todo, una relación que se basa en la justicia ambiental”, que coloca en el centro a la ciudadanía, especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Una reforma necesaria, pero con aún con vacíos

La propuesta de ley fue firmada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión. Con este paso se iniciará el proceso legislativo para renovar el marco ambiental vigente en el país desde 1988.

La propuesta legislativa se ha discutido entre dependencias y colectivos de defensa ambiental desde hace varios meses y, aunque la renovación del marco jurídico ha sido bien recibida en términos generales, algunas voces señalan que la iniciativa todavía presenta vacíos que deben ser atendidos antes de su aprobación definitiva.

Desde sus redes sociales, ONU México aseguró que la protección de la naturaleza, el bienestar y el desarrollo sostenible de la población son asuntos que no pueden tratarse por separado. En consecuencia, el organismo afirmó que la reforma ambiental presentada “coloca prevención, restauración y justicia ambiental al centro de la relación entre desarrollo-personas-naturaleza”, lo que constituye “un paso clave hacia un futuro más sostenible”.

La postura es compartida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización que en junio calificó la iniciativa como “una oportunidad histórica para fortalecer la protección ambiental y consolidar un marco jurídico capaz de responder a los desafíos actuales y futuros en materia de biodiversidad, contaminación, cambio climático y derechos humanos ambientales”.

Sin embargo, el CEMDA también advirtió que existen aspectos que deben corregirse durante el proceso legislativo, particularmente aquellos relacionados con garantizar los recursos y la capacidad institucional suficientes en los tres niveles de gobierno para asegurar el cumplimiento de la ley.

“Desde CEMDA reconocemos los avances contenidos en la propuesta, pero también advertimos diversos aspectos que requieren revisión para garantizar una legislación eficaz, coherente y plenamente alineada con los principios de prevención, participación pública, acceso a la información, acceso a la justicia y protección de los ecosistemas”.

La organización solicitó al Congreso que, antes de tomar cualquier decisión, convoque a un Parlamento Abierto en el que participen comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, personas defensoras del ambiente, integrantes de la academia, especialistas, organizaciones civiles, sector productivo y autoridades. “Solo mediante un proceso abierto, incluyente y participativo será posible contar con una nueva legislación ambiental legítima, sólida y capaz de garantizar la protección de la naturaleza y el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, concluyó el CEMDA.