El problema no es que los adolescentes entren: es que la máquina exista

El gobierno británico acaba de anunciar una prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años que afectaría a servicios como TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, X o YouTube, mientras deja fuera herramientas de mensajería como WhatsApp o Signal. Añade, además, mecanismos de verificación de edad, restricciones por defecto para usuarios de 16 y 17 años, posibles limitaciones nocturnas y medidas contra funciones como el desplazamiento infinito o las recomendaciones algorítmicas.

A primera vista, suena a decisión valiente. En realidad, es el tipo de medida perfecta para gobernantes que necesitan un titular: trata el sarpullido mientras deja intacta la infección. Y sabiendo como sabemos que ese tipo de prohibiciones no funciona, y que los jóvenes, en la práctica, van a seguir usando las redes sociales, estas medidas son, simplemente una estupidez.

El problema no son los adolescentes. Los adolescentes son, como mucho, el grupo en el que la enfermedad se manifiesta de forma más visible, más dramática y más incómoda para las familias. Pero la enfermedad es otra: un modelo industrial de extracción de atención basado en vigilancia masiva, perfilado psicológico, publicidad hipersegmentada y diseño adictivo. Un modelo que no pregunta cómo conectar mejor a las personas, sino cómo mantenerlas más tiempo mirando una pantalla, más irritadas, más polarizadas, más ansiosas, más predecibles y, sobre todo, más monetizables.

Por eso prohibir el acceso de los menores es una salida tramposa. Permite a los políticos decir «hemos hecho algo» y buscar el aplauso fácil y populista de los ignorantes, sin enfrentarse al núcleo del problema: unas plataformas que no deberían poder operar así ni para un niño de trece años, ni para un adulto de cuarenta, ni para un jubilado de setenta. ¿O acaso la polarización política, la desinformación, las teorías conspiranoicas, la crispación social, la manipulación electoral o la degradación sistemática de la conversación pública son patologías adolescentes? No: son síntomas sociales de una infraestructura diseñada para maximizar el tiempo de exposición y la reacción emocional.

La Federal Trade Commission estadounidense lo describió con bastante claridad en un informe sobre grandes plataformas sociales y de vídeo: prácticas de vigilancia extensiva, recopilación masiva de datos, monetización de información personal y una protección insuficiente de niños y adolescentes. Pero lo relevante de ese informe no es que hable de menores, sino que muestra la lógica general del sistema: recopilar todo lo posible, inferir todo lo posible y convertirlo todo en capacidad de segmentación publicitaria. Esa es la máquina. Y una máquina así no se arregla colocando un cartel de «prohibida la entrada a menores».

La solución, por tanto, no es prohibir las redes sociales a los adolescentes. La solución es bastante más incómoda, pero mucho más coherente: prohibir todas las redes sociales que no cumplan estrictamente con la legislación europea de privacidad, para todos los usuarios. No una versión cosmética del cumplimiento, no una casilla de consentimiento enterrada entre pantallas oscuras, no el típico «acepta o paga» convertido en coartada. Cumplir significa minimización de datos, finalidad legítima, transparencia, consentimiento real, posibilidad efectiva de retirada y ausencia de tratamiento abusivo. El Reglamento General de Protección de Datos no fue escrito para decorar páginas legales, sino para limitar precisamente este tipo de explotación.

De hecho, Europa ya ha dejado claro que algunas bases jurídicas utilizadas por las plataformas para justificar la publicidad comportamental no sirven. El Comité Europeo de Protección de Datos obligó a actuar contra Meta por el tratamiento de datos personales para publicidad comportamental basado en contrato o interés legítimo, y su opinión sobre los modelos de «consiente o paga» deja poco espacio para la ficción de que un usuario sometido a alternativas abusivas esté eligiendo libremente. Si aplicásemos de verdad ese estándar, muchas de las plataformas que hoy dominan el mercado tendrían que cambiar radicalmente o dejar de operar. Y esa es precisamente la conversación que los políticos quieren evitar, no vaya a ser que se molesten sus votantes. Pero a dia de hoy, prohibir unas redes sociales claramente nocivas y venenosas para la sociedad no es liberticidio: es sentido común.

La Digital Services Act va en la misma dirección cuando identifica riesgos sistémicos vinculados al diseño de las plataformas: efectos sobre el discurso público, procesos electorales, salud mental, menores, sistemas de recomendación, publicidad y prácticas de datos. Se habla de proteger a los menores, sí, pero también se señala que hay que ir mucho más allá. La Comisión Europea ya ha señalado problemas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones persuasivas o los sistemas de recomendación personalizados en investigaciones sobre TikTok, y también ha abierto procedimientos contra Meta por posibles efectos adictivos y dinámicas de «rabbit hole». No estamos ante una discusión moral sobre si los niños deben o no tener móvil. Estamos ante una discusión política sobre si aceptamos que la esfera pública sea administrada por sistemas optimizados para explotar las debilidades humanas.

Además, la verificación de edad tiene una consecuencia que demasiados legisladores fingen no ver: para saber quién tiene menos de 16 años, hay que identificar de algún modo a todo el mundo. La protección de la infancia se convierte entonces en la coartada perfecta para construir una capa de identificación permanente sobre internet. Hoy se presenta como una medida paternalista, mañana puede ser una infraestructura de vigilancia generalizada. Y lo más grave es que, mientras discutimos cómo controlar a los usuarios, dejamos intacta la arquitectura que los manipula.

Una red social aceptable no tendría que saberlo todo de nosotros. No tendría que construir perfiles psicológicos, ni perseguirnos por toda la web, ni ordenar la conversación pública en función de lo que más indigna, ni diseñar cada botón para prolongar compulsivamente la sesión. Podría vivir de publicidad genérica o contextual en función del contenido, de suscripciones razonables, de interoperabilidad, de protocolos abiertos, de auditorías independientes, de recomendaciones configurables y transparentes, de cronologías que el usuario controle. Podría ser una herramienta social, no una fábrica de dependencia.

La pregunta, por tanto, no es si debemos expulsar a los menores de unas plataformas tóxicas. La pregunta es por qué seguimos permitiendo que existan plataformas tóxicas para cualquiera, menor o mayor. Convertir a los adolescentes en chivos expiatorios es cómodo, vistoso, populista y electoralmente rentable. Pero una sociedad adulta no protege a sus menores encerrándolos fuera de la plaza pública mientras deja que la plaza siga asquerosamente contaminada. La limpia, la rediseña o clausura a quienes la envenenan.

No hay que levantar una valla más alta alrededor de los niños: hay que apagar la máquina de espiar. Y si una red social no puede sobrevivir sin violar la privacidad, sin manipular la atención y sin convertir la conversación pública en combustible publicitario, entonces el problema no es que los adolescentes entren en ella. El problema es que la hayamos dejado seguir abierta.

This article is also available in English on my Medium page, «If social media platforms are harmful, why are we only protecting children from them?»