Mas allá de Mahahual: en todo México, activistas buscan combatir la crisis ambiental

Esta tendencia se refleja en casos como el de Puerto Loreto, en Baja California Sur, una zona que dejó de ser considerada exclusivamente un área natural protegida para convertirse también en un puerto habilitado para la navegación de altura y cabotaje.

La modificación quedó oficializada tras la publicación de un decreto firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 10 de abril, como parte de una serie de reformas sustentadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Puertos.

En el caso específico de Loreto, la disposición permite el ingreso de embarcaciones internacionales y amplía las actividades de comercio exterior. Esto incluye el tránsito de barcos nacionales destinados al transporte de mercancías, combustibles y pasajeros.

La coalición ¿Ballenas o Gas?, integrada por más de 40 organizaciones civiles y ambientalistas, exige la revocación inmediata del decreto al considerarlo una medida inconstitucional. De manera general, sostiene que la decisión “pone en grave riesgo el hábitat de la ballena azul y las economías locales que dependen de la llegada y permanencia del animal más grande del mundo y de otras especies igualmente relevantes”.

Hasta ahora no existen acciones legales formales contra el decreto. Sin embargo, hace unas semanas, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, aseguró que su administración propondrá revisar la medida si es necesario, bajo la premisa de que cualquier decisión relacionada con el desarrollo marítimo de Loreto debe priorizar el bienestar comunitario, la vocación turística de la región y la protección de las áreas naturales.

De Sonora a la Ciudad de México, activistas buscan proteger el medio ambiente

Una situación similar ocurre en Sonora alrededor del Proyecto Saguaro, una terminal de gas natural licuado (GNL) que, aunque promete convertirse en la más grande del país, también amenaza la supervivencia de las ballenas que habitan en el golfo de California.

En septiembre del año pasado, la organización civil Nuestro Futuro interpuso una demanda contra el Proyecto Saguaro “a nombre de las ballenas”, mediante la cual solicitó la revocación de los permisos ambientales otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a Saguaro Energía, empresa responsable del desarrollo.

La querella también busca que el golfo de California sea declarado “hábitat crítico” para estos cetáceos. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, esta figura obligaría a las autoridades a considerar el valor ecológico de la región al evaluar cualquier megaproyecto en la zona.

A principios del mes pasado, una jueza de Sonora ordenó suspender de manera cautelar el tránsito de buques metaneros asociados al proyecto al determinar que estas embarcaciones representan un riesgo para las ballenas de la región. El fallo fue considerado histórico porque reconoció técnicamente a estos animales como sujetos de derechos.

Aunque la resolución fue celebrada como una victoria, activistas advirtieron que todavía queda un largo camino por recorrer. Señalaron que el caso podría escalar a instancias superiores debido a su relevancia en materia ambiental y de derechos. Hasta el momento existen al menos diez juicios en contra del Proyecto Saguaro, situación que ha contribuido a mantenerlo detenido.

“Esto no es el final, es solo un paso, porque la amenaza sigue ahí. Se trata de resistir desde una alianza entre lo humano y lo no humano: aleta y mano juntas”, concluyó Carlos Mancilla, director de BCSicletos, organización ambientalista con sede en La Paz, Baja California Sur.

La construcción de megaproyectos también se ha convertido en una amenaza para los ecosistemas marinos y costeros de Punta Mita, un pueblo pesquero ubicado en Nayarit. Habitantes de la localidad denuncian que la región ha sido privatizada en favor de complejos residenciales y turísticos de lujo.

En meses recientes, el conflicto se ha concentrado alrededor de un nuevo proyecto del grupo inmobiliario DINE que pretende desarrollarse en Playa Las Cocinas, “la única playa que no ha sido privatizada en Punta de Mita”, según los defensores ambientales.

De acuerdo con la página de la constructora, el complejo habitacional abarcará alrededor de 700 hectáreas y estará rodeado por 14 kilómetros de litoral. El plan contempla mil unidades residenciales permanentes y otras de ocupación temporal. A ello se suman cuatro hoteles, dos campos de golf, clubes de playa, un club de tenis, andadores y un muelle.

En una petición publicada en Change.org, ambientalistas sostienen que el proyecto no solo privatizará el acceso a la playa, sino que además “alterará drásticamente el hábitat de numerosas especies, muchas de ellas en peligro de extinción”.

Según informes citados por los activistas, las áreas costeras de Nayarit son fundamentales para aves migratorias, tortugas marinas y diversas especies oceánicas que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir. La destrucción de estos espacios, advierten, también afectaría la vida de las comunidades que dependen de la pesca y del turismo sostenible.

En días recientes, mediante un comunicado, DINE afirmó que su proyecto “cuenta con todos los permisos y autorizaciones aplicables emitidos por Semarnat y ha sido verificado en sitio por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”. La compañía aseguró que dichas autorizaciones no la convierten en propietaria de la playa, sino que la responsabilizan de asumir su cuidado.

La empresa añadió que “independientemente de esta obra, se estarán realizando estudios para buscar, en conjunto con las autoridades y la comunidad, la mejor manera de integrar un proyecto de rehabilitación de la playa. En paralelo, el diálogo con la comunidad ha sido una prioridad”.

El Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas respondió mediante otro comunicado en el que sostiene que persisten dudas sobre los alcances ambientales y legales del desarrollo. Además, afirmó que no existen garantías de que la playa no termine privatizada y reiteró su exigencia de retirar la construcción “20 metros hacia atrás”, respetando plenamente la Zona Federal Marítimo Terrestre.

El colectivo reconoció que, aunque se han mantenido meses de diálogo con autoridades y representantes de la empresa, estos acercamientos carecen de transparencia.

“No existió una consulta pública efectiva sobre un proyecto con impacto directo en el territorio, el patrimonio natural, cultural y el acceso histórico a Playa Las Cocinas, limitando así el derecho legítimo de la población a cuestionar decisiones que afectan su entorno y su futuro. Aún cuando existan algunos permisos, estos no sustituyen el consenso social ni el principio de protección del interés común”, aseguró la organización.

Tras una serie de manifestaciones en la zona de construcción de Playa Las Cocinas, la Fiscalía General del Estado giró órdenes de aprehensión contra al menos cuatro defensores ambientales luego de una denuncia presentada por Jorge Alberto Coeto Hernández y Cantiles de Mita S.A. de C.V., representantes de DINE. Las acusaciones incluyen amenazas, daños a la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa.

El Estado involucrado en el deterioro ambiental

La iniciativa privada no es la única responsable de proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente en México. El propio gobierno también desempeña un papel relevante.

Esto se hace evidente en casos como el Plan Integral Hídrico para San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, que contempla la construcción de infraestructura para el manejo de aguas residuales en la zona montañosa.

Según habitantes de la comunidad, el proyecto, actualmente en construcción, ha provocado que aguas negras sean desviadas hacia resumideros encargados de captar agua de lluvia para la filtración de pozos. Los chinamperos exigen detener el desarrollo, pues aseguran que también llevará aguas residuales de los pueblos de Milpa Alta hacia zonas de cultivo de verduras y hortalizas, principal fuente de ingresos de la región.

Tras varias denuncias y protestas, el avance de la obra fue suspendido en diciembre de 2022 con la intención de alcanzar un acuerdo entre los habitantes de San Gregorio y representantes de las alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta. Sin embargo, las labores se reactivaron el año pasado por orden de José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

“¿Por qué permitir una obra que atenta contra nuestra salud, la de nuestras familias, la de nuestra zona chinampera y de trabajo, y el ecosistema de un montón de especies con las que hemos crecido y cuya degradación hemos visto?”, cuestionó el colectivo Chinamperos Unidos, organización que desde redes sociales exige la suspensión del plan hídrico que, a su juicio, está provocando una degradación socioambiental en San Gregorio Atlapulco.

En todos estos casos, y muchos más registrados en estados como Baja California, Veracruz, Morelos y Estado de México, solo por mencionar algunos, los grupos ambientalistas coinciden en que México carece de políticas de desarrollo verdaderamente sostenibles, situación que facilita colocar los intereses económicos por encima de la conservación de la biodiversidad. La denuncia se mantiene vigente pese a los programas impulsados por el gobierno para preservar la riqueza natural del país.

A mediados del año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030, un instrumento rector diseñado para guiar “la recuperación de ecosistemas degradados en todo el país con la participación de autoridades ambientales, organizaciones civiles, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, instituciones académicas y representantes del sector privado”, según la dependencia.

El programa busca articular y coordinar acciones de restauración para atender cerca del 30% del territorio nacional que presenta algún grado de degradación. Entre sus objetivos hacia 2030 destacan la restauración del 30% de la superficie degradada de ecosistemas costeros y marinos, con prioridad en manglares; el rescate de 1,500 hectáreas de parques y bosques; la recuperación de 100,000 hectáreas de ecosistemas forestales; y la restauración y designación como “Áreas de Prosperidad Marina” de diez sitios deteriorados del golfo de California.

Aún así, especialistas consideran que estas medidas podrían resultar insuficientes para revertir y contener la crisis ambiental que atraviesa México.

Astrid Puentes Riaño, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, sostiene que existen múltiples desafíos para la defensa ambiental en la región, aunque identifica dos problemas estructurales. El primero es el involucramiento del propio Estado en las afectaciones ambientales, como ocurre con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico en México. El segundo es la persistente impunidad, que expone a defensores, abogados y periodistas a sufrir ataques sin consecuencias para los responsables, que en muchos casos son las propias autoridades.

El caso de Mahahual ha demostrado que el activismo digital puede convertirse en una de las herramientas más efectivas para la defensa de derechos ambientales y ciudadanos, así como para ejercer presión pública sobre proyectos considerados de alto impacto ecológico. Sin embargo, especialistas advierten que ninguna campaña prospera si no existe sensibilidad gubernamental frente a la crisis ambiental.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), aseguró que desde hace más de una década se ha insistido al Estado en la necesidad de asignar recursos financieros y humanos suficientes “a fin de garantizar un entorno propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales puedan realizar su labor de manera libre y segura”, una exigencia que, según las cifras y los hechos, aún está lejos de convertirse en realidad.