{"id":3366,"date":"2026-07-04T03:15:46","date_gmt":"2026-07-04T03:15:46","guid":{"rendered":"https:\/\/tucumandevelopers.com\/index.php\/2026\/07\/04\/cazar-deepfakes-o-silenciar-periodistas-el-debate-sobre-la-ley-serrano-en-mexico\/"},"modified":"2026-07-04T03:15:46","modified_gmt":"2026-07-04T03:15:46","slug":"cazar-deepfakes-o-silenciar-periodistas-el-debate-sobre-la-ley-serrano-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tucumandevelopers.com\/index.php\/2026\/07\/04\/cazar-deepfakes-o-silenciar-periodistas-el-debate-sobre-la-ley-serrano-en-mexico\/","title":{"rendered":"\u00bfCazar deepfakes o silenciar periodistas? El debate sobre la Ley Serrano en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"
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De acuerdo con un comunicado<\/a> emitido por las autoridades legislativas de San Luis Potos\u00ed, el concepto de inteligencia artificial se refiere a “cualquier sistema, modelo computacional o algoritmo, incluidas las redes neuronales y las t\u00e9cnicas de aprendizaje autom\u00e1tico o equivalentes, capaz de ejecutar, de manera aut\u00f3noma o asistida, tareas que impliquen procesos de razonamiento, aprendizaje, percepci\u00f3n, interpretaci\u00f3n o generaci\u00f3n de informaci\u00f3n, imitando o sustituyendo funciones cognitivas humanas, y que permita producir, modificar, alterar o difundir contenidos digitales, tales como textos, im\u00e1genes, sonidos o videos, con apariencia veros\u00edmil o similar a la realidad”.<\/p>\n

Con base en esta definici\u00f3n, la norma establece una pena de dos a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n, adem\u00e1s de una multa de 200 a 400 veces la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n (UMA) vigente en el estado, para quien, a sabiendas de su falsedad, genere, altere o difunda mediante sistemas de inteligencia artificial im\u00e1genes, audios, videos o textos manipulados o creados artificialmente con el prop\u00f3sito de provocar alarma, temor, confusi\u00f3n o inestabilidad social, o inducir a error a la poblaci\u00f3n sobre hechos de inter\u00e9s p\u00fablico.Re<\/p>\n

Asimismo, establece que, cuando la conducta se lleve a cabo mediante medios de comunicaci\u00f3n masiva, plataformas digitales o redes sociales, o a trav\u00e9s de cuentas automatizadas o an\u00f3nimas para simular informaci\u00f3n aut\u00e9ntica, la pena podr\u00e1 incrementarse hasta en una mitad.<\/p>\n

Respecto al delito de manipulaci\u00f3n institucional mediante inteligencia artificial, la legislaci\u00f3n contempla una sanci\u00f3n de tres a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de 300 a 600 veces la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n vigente en el estado para quien, mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, genere, altere o difunda im\u00e1genes, audios, videos o representaciones digitales que simulen declaraciones, comunicados, acciones o la presencia de autoridades, instituciones p\u00fablicas o cuerpos de seguridad, con pleno conocimiento de su falsedad.<\/p>\n

De acuerdo con el Congreso local, esta conducta ser\u00e1 sancionada cuando tenga “el prop\u00f3sito de provocar alarma, temor o desconfianza en la poblaci\u00f3n; afectar el orden o la seguridad p\u00fablica, o menoscabar la autoridad o la legitimidad de las instituciones del Estado”.<\/strong><\/p>\n

La legislaci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1ala que, si la conducta se comete durante procesos electorales, de seguridad p\u00fablica o de procuraci\u00f3n e impartici\u00f3n de justicia, o provoca alteraciones efectivas del orden p\u00fablico o da\u00f1os a bienes p\u00fablicos, la pena podr\u00e1 incrementarse hasta en una mitad.<\/p>\n<\/div>\n

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Finalmente, la norma establece que el uso no autorizado de la imagen o la voz generadas mediante inteligencia artificial ser\u00e1 castigado con una pena de uno a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de 100 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n vigente en el estado. La sanci\u00f3n aplicar\u00e1 a quien, sin el consentimiento previo, expreso, espec\u00edfico e informado de la persona titular de la imagen, la voz o la identidad digital<\/a>, utilice sistemas de inteligencia artificial o programas automatizados para crear, reproducir, modificar, manipular o difundir contenidos que simulen la apariencia, la voz, los gestos o la identidad de una persona real, cualquiera que sea el prop\u00f3sito del uso.<\/p>\n

La pena aumentar\u00e1 hasta en una mitad cuando el contenido sea difundido, comercializado o utilizado con fines de lucro, o con el prop\u00f3sito de afectar el honor, la reputaci\u00f3n o la vida privada de la persona afectada.<\/p>\n

Un fin leg\u00edtimo, pero con una redacci\u00f3n precaria<\/h2>\n

Como explica a WIRED en Espa\u00f1ol Jersain Llamas Covarrubias, acad\u00e9mico de la Universidad de Guadalajara, \u201cla reforma parte de una preocupaci\u00f3n leg\u00edtima y de un vac\u00edo regulatorio real. El uso de sistemas de IA generativa permite hoy producir im\u00e1genes, audios y videos con una verosimilitud cada vez mayor, y eso ha creado riesgos concretos para bienes jur\u00eddicos que s\u00ed ameritan tutela: la imagen, la voz, la identidad digital, la vida privada y la integridad personal, especialmente frente a fen\u00f3menos como los deepfakes<\/em> sexuales<\/a> no consentidos, la suplantaci\u00f3n de identidad con fines de fraude o extorsi\u00f3n y el uso de contenidos sint\u00e9ticos para causar graves da\u00f1os reputacionales\u201d.<\/p>\n

No obstante, diversos grupos de activistas, colectivos de defensa de derechos y organismos internacionales han denunciado que esta ley es inconstitucional al violar el derecho fundamental de la poblaci\u00f3n a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n

En su momento, el diputado Serrano asegur\u00f3 que la norma respetar\u00eda ese derecho al excluir de sanciones la generaci\u00f3n o difusi\u00f3n de contenidos con fines period\u00edsticos, acad\u00e9micos, art\u00edsticos, de parodia o de cr\u00edtica pol\u00edtica, \u201csiempre que se indique expresamente ese car\u00e1cter y no exista dolo en la intenci\u00f3n de causar alarma o desinformaci\u00f3n social\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

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Sin embargo, Natalia Castillo, abogada y activista que lidera la lucha en contra de esta reforma, afirma que \u201cla Ley Serrano es una especie de descripci\u00f3n de una conducta at\u00edpica para perseguir a comunicadores, periodistas, influencers<\/em> o cualquier persona que utilice los medios digitales para expresar su opini\u00f3n\u201d.<\/strong><\/p>\n

A pocos d\u00edas de la aprobaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n, trascendieron las investigaciones emprendidas contra al menos 11 personas<\/strong> (periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y administradores de p\u00e1ginas digitales) acusadas de utilizar herramientas de IA para generar “alarma social” y afectar la confianza en las instituciones de gobierno. De ese grupo, al menos tres fueron detenidas (Christian Herrera, Er\u00e9ndira Reyes Aguill\u00f3n y Alejandra Hermosillo), mientras que las dem\u00e1s enfrentan \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n o citatorios pendientes. Estos casos han provocado movilizaciones de grupos de defensa de derechos humanos, en las que se documentan actos de violencia y supresi\u00f3n.<\/p>\n

Los manifestantes sostienen que la ley no define con precisi\u00f3n qu\u00e9 constituye un “uso indebido” de la inteligencia artificial. Adem\u00e1s, su redacci\u00f3n permite interpretaciones amplias sobre conceptos como “alarma social” o afectaci\u00f3n a la confianza en las instituciones, lo que genera incertidumbre jur\u00eddica para periodistas, creadores de contenido y ciudadanos que utilizan herramientas de IA. En consecuencia, exigen su derogaci\u00f3n.<\/p>\n

Jersain Llamas, tambi\u00e9n CEO de Obex Cybersecurity, se\u00f1ala que \u201clos tipos penales incorporados a la ley contienen conceptos con un grado de indeterminaci\u00f3n dif\u00edcil de sostener en materia punitiva. Expresiones como \u2018alterar la confianza p\u00fablica en las instituciones\u2019, \u2018alarma social\u2019, \u2018paz social\u2019 o \u2018riesgo verificable para la seguridad del Estado\u2019 son formulaciones evaluativas y contextuales que requieren criterios objetivos adicionales para evitar aplicaciones expansivas. De lo contrario, pueden dejar a la autoridad ministerial un margen de apreciaci\u00f3n demasiado amplio si no se interpretan de manera restrictiva al momento de calificar la conducta. La propia CNDH sostiene que \u2018la confianza p\u00fablica\u2019 es un concepto dif\u00edcil de medir objetivamente mediante par\u00e1metros jur\u00eddicos estables y, por naturaleza, variable en sociedades plurales<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Ante las movilizaciones, el Congreso estatal anunci\u00f3 la realizaci\u00f3n de foros de debate con especialistas, organizaciones y dem\u00e1s actores involucrados para analizar posibles modificaciones a la norma. Sin embargo, la discusi\u00f3n fue pospuesta hasta septiembre de 2026, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 hace tan diferente a la Ley Serrano de otras normas que castigan el uso indebido de la IA en M\u00e9xico?<\/h2>\n

Desde 2024, entidades como Quintana Roo, Oaxaca, Estado de M\u00e9xico, Sinaloa y Nayarit cuentan con marcos jur\u00eddicos locales que sancionan el uso indebido de la inteligencia artificial<\/a>, principalmente en casos de suplantaci\u00f3n de identidad mediante deepfakes, violencia digital o cuando esta tecnolog\u00eda se utiliza como medio para cometer otros delitos.<\/p>\n

Sin embargo, no todas tipifican nuevas conductas relacionadas con la IA de la misma manera.<\/strong> Mientras que en algunos estados su utilizaci\u00f3n se sanciona como un medio comisivo o una circunstancia agravante dentro de delitos ya existentes, en otros constituye un delito aut\u00f3nomo. Ese es el caso de San Luis Potos\u00ed, cuyo Congreso aprob\u00f3 la creaci\u00f3n de figuras penales espec\u00edficas centradas, aparentemente, en el uso de inteligencia artificial.<\/p>\n<\/div>\n

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Felipe S\u00e1nchez, socio del despacho Fulton & Fulton, precisa en entrevista con WIRED en Espa\u00f1ol que \u201cla ley regula conductas, no medios\u201d. No obstante, advierte que \u201cel problema de esta iniciativa es que resulta bastante ambigua y amplia. Entonces, conductas que podr\u00edan ser cotidianas y realizarse sin \u00e1nimo de da\u00f1ar a nadie podr\u00edan interpretarse, a la luz de este texto, como conductas delictivas\u201d. Como ejemplo, se\u00f1ala que, de acuerdo con la redacci\u00f3n actual de la norma, \u201cla simple edici\u00f3n de una fotograf\u00eda con IA pudiera encuadrar en este tipo de conductas ileg\u00edtimas\u201d.<\/strong><\/p>\n

Lo anterior abre la posibilidad de que la legislaci\u00f3n se utilice con fines pol\u00edticos. Seg\u00fan Castillo, la ley \u201csolo habla de lo que no se puede hacer con los programas de inteligencia artificial para hablar mal de los pol\u00edticos, generar una alarma social o hablar mal de otros ciudadanos. Eso es lo que dice, sencillamente. No hay otra definici\u00f3n, ni siquiera una definici\u00f3n de inteligencia artificial.<\/a> Lo que s\u00ed establece son penas muy altas, similares a las previstas para la violaci\u00f3n equiparada. Entonces, si t\u00fa criticas a cualquier pol\u00edtico o difundes un video suyo, evidentemente estar\u00edas cometiendo un delito relacionado con inteligencia artificial, aunque la ley ni siquiera la defina<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Lo que sucede en San Luis Potos\u00ed, seg\u00fan los especialistas, podr\u00eda tener repercusiones en todo M\u00e9xico, considerando el inter\u00e9s que tanto el Gobierno federal como diversas autoridades estatales han manifestado por regular esta tecnolog\u00eda. En repetidas ocasiones, Claudia Sheinbaum, presidenta de M\u00e9xico, ha expresado<\/a> su intenci\u00f3n de impulsar un marco regulatorio federal para la inteligencia artificial mediante un proceso de discusi\u00f3n p\u00fablica que incorpore las voces de especialistas, la academia, el sector p\u00fablico, la iniciativa privada y la ciudadan\u00eda.<\/p>\n

No obstante, como se\u00f1ala Castillo, \u201c\u00bfqu\u00e9 acad\u00e9mico, qu\u00e9 experto o qu\u00e9 medio de comunicaci\u00f3n va a querer dar su opini\u00f3n si en el Congreso existe un mecanismo mediante el cual, a quien opina y se expone p\u00fablicamente, le pueden iniciar una denuncia penal?\u201d.<\/strong><\/p>\n

Las (posibles) claves de una legislaci\u00f3n para la IA<\/h2>\n

M\u00e9xico se suma as\u00ed a la creciente lista de pa\u00edses que buscan regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial<\/a>. Los colectivos que han denunciado irregularidades en la llamada Ley Serrano respaldan ese objetivo. Sin embargo, consideran que, al menos en San Luis Potos\u00ed, la legislaci\u00f3n vigente vulnera el Estado de derecho, ya que no solo limita el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, sino que adem\u00e1s se convierte en un mecanismo que inhibe el debate p\u00fablico sobre un tema de creciente relevancia internacional.<\/p>\n

En un contexto en el que cada vez m\u00e1s pa\u00edses buscan establecer reglas para el desarrollo y uso de la IA, la pregunta que surge es qu\u00e9 rumbo deber\u00eda seguir M\u00e9xico.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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S\u00e1nchez sostiene que el primer aspecto que debe considerarse es que \u201cno existe una definici\u00f3n \u00fanica ni generalmente aceptada de lo que significa inteligencia artificial\u201d. Por su parte, Castillo argumenta que el abanico de aplicaciones, desaf\u00edos y problemas asociados con esta tecnolog\u00eda es tan amplio que resulta dif\u00edcil delimitar el concepto con precisi\u00f3n. No obstante, a\u00f1ade que \u201ccuando afirmas que la inteligencia artificial genera un problema social, primero tienes que demostrar que ese problema social realmente existe\u201d.<\/p>\n

Felipe S\u00e1nchez subraya que cualquier legislaci\u00f3n o regulaci\u00f3n en la materia debe construirse mediante un proceso amplio de participaci\u00f3n y consulta que incluya a todas las partes interesadas: expertos, acad\u00e9micos, industria, usuarios, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicaci\u00f3n. A su juicio, ello es indispensable porque \u201cla libertad de expresi\u00f3n es el principal derecho que podr\u00eda verse afectado\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, como concluye Jersain Llamas, \u201cen un Estado democr\u00e1tico, la cr\u00edtica dura o inc\u00f3moda al poder no debe ser criminalizada, salvo que exista una afectaci\u00f3n grave, concreta y debidamente probada a un bien jur\u00eddico constitucionalmente protegido\u201d<\/strong>, incluso en un contexto marcado por el uso cada vez m\u00e1s extendido de la inteligencia artificial.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Fuente: Art\u00edculo original<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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