{"id":2066,"date":"2026-05-22T03:10:45","date_gmt":"2026-05-22T03:10:45","guid":{"rendered":"https:\/\/tucumandevelopers.com\/index.php\/2026\/05\/22\/mas-alla-de-mahahual-en-todo-mexico-activistas-buscan-combatir-la-crisis-ambiental\/"},"modified":"2026-05-22T03:10:45","modified_gmt":"2026-05-22T03:10:45","slug":"mas-alla-de-mahahual-en-todo-mexico-activistas-buscan-combatir-la-crisis-ambiental","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tucumandevelopers.com\/index.php\/2026\/05\/22\/mas-alla-de-mahahual-en-todo-mexico-activistas-buscan-combatir-la-crisis-ambiental\/","title":{"rendered":"Mas all\u00e1 de Mahahual: en todo M\u00e9xico, activistas buscan combatir la crisis ambiental"},"content":{"rendered":"
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Esta tendencia se refleja en casos como el de Puerto Loreto<\/a>, en Baja California Sur, una zona que dej\u00f3 de ser considerada exclusivamente un \u00e1rea natural protegida para convertirse tambi\u00e9n en un puerto habilitado para la navegaci\u00f3n de altura y cabotaje.<\/p>\n

La modificaci\u00f3n qued\u00f3 oficializada tras la publicaci\u00f3n de un decreto firmado por la presidenta de M\u00e9xico, Claudia Sheinbaum, el pasado 10 de abril, como parte de una serie de reformas sustentadas en la Ley Org\u00e1nica de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal y la Ley de Puertos.<\/p>\n

En el caso espec\u00edfico de Loreto, la disposici\u00f3n permite el ingreso de embarcaciones internacionales y ampl\u00eda las actividades de comercio exterior.<\/strong> Esto incluye el tr\u00e1nsito de barcos nacionales destinados al transporte de mercanc\u00edas, combustibles y pasajeros.<\/p>\n

La coalici\u00f3n \u00bfBallenas o Gas?<\/a>, integrada por m\u00e1s de 40 organizaciones civiles y ambientalistas, exige la revocaci\u00f3n inmediata del decreto al considerarlo una medida inconstitucional. De manera general, sostiene que la decisi\u00f3n \u201cpone en grave riesgo el h\u00e1bitat de la ballena azul y las econom\u00edas locales que dependen de la llegada y permanencia del animal m\u00e1s grande del mundo y de otras especies igualmente relevantes\u201d.<\/p>\n

Hasta ahora no existen acciones legales formales contra el decreto. Sin embargo, hace unas semanas, V\u00edctor Manuel Castro Cos\u00edo, gobernador de Baja California Sur, asegur\u00f3 que su administraci\u00f3n propondr\u00e1 revisar la medida si es necesario, bajo la premisa de que cualquier decisi\u00f3n relacionada con el desarrollo mar\u00edtimo de Loreto debe priorizar el bienestar comunitario, la vocaci\u00f3n tur\u00edstica de la regi\u00f3n y la protecci\u00f3n de las \u00e1reas naturales.<\/p>\n

De Sonora a la Ciudad de M\u00e9xico, activistas buscan proteger el medio ambiente<\/h2>\n

Una situaci\u00f3n similar ocurre en Sonora alrededor del Proyecto Saguaro, una terminal de gas natural licuado (GNL) que, aunque promete convertirse en la m\u00e1s grande del pa\u00eds, tambi\u00e9n amenaza la supervivencia de las ballenas que habitan en el golfo de California.<\/p>\n

En septiembre del a\u00f1o pasado, la organizaci\u00f3n civil Nuestro Futuro interpuso una demanda contra el Proyecto Saguaro \u201ca nombre de las ballenas\u201d, mediante la cual solicit\u00f3 la revocaci\u00f3n de los permisos ambientales otorgados por la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energ\u00eda y Ambiente (ASEA) a Saguaro Energ\u00eda, empresa responsable del desarrollo.<\/p>\n<\/div>\n

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La querella tambi\u00e9n busca que el golfo de California sea declarado \u201ch\u00e1bitat cr\u00edtico\u201d para estos cet\u00e1ceos. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, esta figura obligar\u00eda a las autoridades a considerar el valor ecol\u00f3gico de la regi\u00f3n al evaluar cualquier megaproyecto en la zona.<\/strong><\/p>\n

A principios del mes pasado, una jueza de Sonora orden\u00f3 suspender de manera cautelar<\/a> el tr\u00e1nsito de buques metaneros asociados al proyecto al determinar que estas embarcaciones representan un riesgo para las ballenas de la regi\u00f3n. El fallo fue considerado hist\u00f3rico porque reconoci\u00f3 t\u00e9cnicamente a estos animales como sujetos de derechos.<\/p>\n

Aunque la resoluci\u00f3n fue celebrada como una victoria, activistas advirtieron que todav\u00eda queda un largo camino por recorrer. Se\u00f1alaron que el caso podr\u00eda escalar a instancias superiores debido a su relevancia en materia ambiental y de derechos. Hasta el momento existen al menos diez juicios en contra del Proyecto Saguaro, situaci\u00f3n que ha contribuido a mantenerlo detenido.<\/p>\n

\u201cEsto no es el final, es solo un paso, porque la amenaza sigue ah\u00ed. Se trata de resistir desde una alianza entre lo humano y lo no humano: aleta y mano juntas\u201d, concluy\u00f3 Carlos Mancilla, director de BCSicletos, organizaci\u00f3n ambientalista con sede en La Paz, Baja California Sur.<\/p>\n

La construcci\u00f3n de megaproyectos tambi\u00e9n se ha convertido en una amenaza para los ecosistemas marinos y costeros de Punta Mita, un pueblo pesquero ubicado en Nayarit. Habitantes de la localidad denuncian que la regi\u00f3n ha sido privatizada en favor de complejos residenciales y tur\u00edsticos de lujo.<\/p>\n

En meses recientes, el conflicto se ha concentrado alrededor de un nuevo proyecto del grupo inmobiliario DINE que pretende desarrollarse en Playa Las Cocinas, \u201cla \u00fanica playa que no ha sido privatizada en Punta de Mita\u201d, seg\u00fan los defensores ambientales.<\/p>\n

De acuerdo con la p\u00e1gina<\/a> de la constructora, el complejo habitacional abarcar\u00e1 alrededor de 700 hect\u00e1reas y estar\u00e1 rodeado por 14 kil\u00f3metros de litoral. El plan contempla mil unidades residenciales permanentes y otras de ocupaci\u00f3n temporal. A ello se suman cuatro hoteles, dos campos de golf, clubes de playa, un club de tenis, andadores y un muelle.<\/p>\n<\/div>\n

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En una petici\u00f3n publicada<\/a> en Change.org, ambientalistas sostienen que el proyecto no solo privatizar\u00e1 el acceso a la playa, sino que adem\u00e1s \u201calterar\u00e1 dr\u00e1sticamente el h\u00e1bitat de numerosas especies, muchas de ellas en peligro de extinci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

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Guardianes de la Tierra<\/span><\/a><\/p>\n

WIRED en Espa\u00f1ol recorre c\u00f3mo pueblos ind\u00edgenas, investigadores y organizaciones en Am\u00e9rica Latina protegen sus territorios ante un modelo extractivo en expansi\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan informes citados por los activistas, las \u00e1reas costeras de Nayarit son fundamentales para aves migratorias, tortugas marinas y diversas especies oce\u00e1nicas que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir.<\/strong> La destrucci\u00f3n de estos espacios, advierten, tambi\u00e9n afectar\u00eda la vida de las comunidades que dependen de la pesca y del turismo sostenible.<\/p>\n

En d\u00edas recientes, mediante un comunicado<\/a>, DINE afirm\u00f3 que su proyecto \u201ccuenta con todos los permisos y autorizaciones aplicables emitidos por Semarnat y ha sido verificado en sitio por la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente (Profepa)\u201d. La compa\u00f1\u00eda asegur\u00f3 que dichas autorizaciones no la convierten en propietaria de la playa, sino que la responsabilizan de asumir su cuidado.<\/p>\n

La empresa a\u00f1adi\u00f3 que \u201cindependientemente de esta obra, se estar\u00e1n realizando estudios para buscar, en conjunto con las autoridades y la comunidad, la mejor manera de integrar un proyecto de rehabilitaci\u00f3n de la playa. En paralelo, el di\u00e1logo con la comunidad ha sido una prioridad\u201d.<\/p>\n

El Comit\u00e9 Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas respondi\u00f3 mediante otro comunicado en el que sostiene que persisten dudas sobre los alcances ambientales y legales del desarrollo. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que no existen garant\u00edas de que la playa no termine privatizada y reiter\u00f3 su exigencia de retirar la construcci\u00f3n \u201c20 metros hacia atr\u00e1s\u201d, respetando plenamente la Zona Federal Mar\u00edtimo Terrestre.<\/p>\n

El colectivo reconoci\u00f3 que, aunque se han mantenido meses de di\u00e1logo con autoridades y representantes de la empresa, estos acercamientos carecen de transparencia.<\/p>\n

\u201cNo existi\u00f3 una consulta p\u00fablica efectiva sobre un proyecto con impacto directo en el territorio, el patrimonio natural, cultural y el acceso hist\u00f3rico a Playa Las Cocinas, limitando as\u00ed el derecho leg\u00edtimo de la poblaci\u00f3n a cuestionar decisiones que afectan su entorno y su futuro. A\u00fan cuando existan algunos permisos, estos no sustituyen el consenso social ni el principio de protecci\u00f3n del inter\u00e9s com\u00fan\u201d, asegur\u00f3 la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

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Tras una serie de manifestaciones en la zona de construcci\u00f3n de Playa Las Cocinas, la Fiscal\u00eda General del Estado gir\u00f3 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n<\/a> contra al menos cuatro defensores ambientales<\/strong> luego de una denuncia presentada por Jorge Alberto Coeto Hern\u00e1ndez y Cantiles de Mita S.A. de C.V., representantes de DINE. Las acusaciones incluyen amenazas, da\u00f1os a la propiedad, apolog\u00eda del delito y asociaci\u00f3n delictuosa.<\/p>\n

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Manifestantes gritan consignas durante una protesta el 5 de abril de 2026 en Veracruz, M\u00e9xico para exigir mayor atenci\u00f3n a un derrame de hidrocarburo que afect\u00f3 a siete reservas naturales.<\/p>\n

<\/span>Alejandra Hern\u00e1ndez\/Agencia Press South\/Getty Images<\/span><\/p>\n<\/figure>\n

El Estado involucrado en el deterioro ambiental<\/h2>\n

La iniciativa privada no es la \u00fanica responsable de proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente en M\u00e9xico. El propio gobierno tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel relevante.<\/p>\n

Esto se hace evidente en casos como el Plan Integral H\u00eddrico para San Gregorio Atlapulco<\/a>, en Xochimilco, que contempla la construcci\u00f3n de infraestructura para el manejo de aguas residuales en la zona monta\u00f1osa.<\/p>\n

Seg\u00fan habitantes de la comunidad, el proyecto, actualmente en construcci\u00f3n, ha provocado que aguas negras sean desviadas hacia resumideros encargados de captar agua de lluvia para la filtraci\u00f3n de pozos. Los chinamperos exigen detener el desarrollo, pues aseguran que tambi\u00e9n llevar\u00e1 aguas residuales de los pueblos de Milpa Alta hacia zonas de cultivo de verduras y hortalizas<\/strong>, principal fuente de ingresos de la regi\u00f3n.<\/p>\n

Tras varias denuncias y protestas, el avance de la obra fue suspendido en diciembre de 2022 con la intenci\u00f3n de alcanzar un acuerdo entre los habitantes de San Gregorio y representantes de las alcald\u00edas de Xochimilco y Milpa Alta. Sin embargo, las labores se reactivaron el a\u00f1o pasado por orden de Jos\u00e9 Mario Esparza Hern\u00e1ndez, titular de la Secretar\u00eda de Gesti\u00f3n Integral del Agua de la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n

\u201c\u00bfPor qu\u00e9 permitir una obra que atenta contra nuestra salud, la de nuestras familias, la de nuestra zona chinampera y de trabajo, y el ecosistema de un mont\u00f3n de especies<\/strong> con las que hemos crecido y cuya degradaci\u00f3n hemos visto?\u201d, cuestion\u00f3<\/a> el colectivo Chinamperos Unidos, organizaci\u00f3n que desde redes sociales exige la suspensi\u00f3n del plan h\u00eddrico que, a su juicio, est\u00e1 provocando una degradaci\u00f3n socioambiental en San Gregorio Atlapulco.<\/p>\n<\/div>\n

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En todos estos casos, y muchos m\u00e1s registrados en estados como Baja California, Veracruz, Morelos y Estado de M\u00e9xico, solo por mencionar algunos, los grupos ambientalistas coinciden en que M\u00e9xico carece de pol\u00edticas de desarrollo verdaderamente sostenibles<\/strong>, situaci\u00f3n que facilita colocar los intereses econ\u00f3micos por encima de la conservaci\u00f3n de la biodiversidad. La denuncia se mantiene vigente pese a los programas impulsados por el gobierno para preservar la riqueza natural del pa\u00eds.<\/p>\n

A mediados del a\u00f1o pasado, la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales present\u00f3<\/a> el Programa Nacional de Restauraci\u00f3n Ambiental 2025-2030, un instrumento rector dise\u00f1ado para guiar \u201cla recuperaci\u00f3n de ecosistemas degradados en todo el pa\u00eds con la participaci\u00f3n de autoridades ambientales, organizaciones civiles, pueblos ind\u00edgenas, comunidades afromexicanas, instituciones acad\u00e9micas y representantes del sector privado\u201d, seg\u00fan la dependencia.<\/p>\n

El programa busca articular y coordinar acciones de restauraci\u00f3n para atender cerca del 30% del territorio nacional que presenta alg\u00fan grado de degradaci\u00f3n. Entre sus objetivos hacia 2030 destacan la restauraci\u00f3n del 30% de la superficie degradada de ecosistemas costeros y marinos, con prioridad en manglares; el rescate de 1,500 hect\u00e1reas de parques y bosques; la recuperaci\u00f3n de 100,000 hect\u00e1reas de ecosistemas forestales; y la restauraci\u00f3n y designaci\u00f3n como \u201c\u00c1reas de Prosperidad Marina\u201d de diez sitios deteriorados del golfo de California.<\/p>\n

A\u00fan as\u00ed, especialistas consideran que estas medidas podr\u00edan resultar insuficientes para revertir y contener la crisis ambiental que atraviesa M\u00e9xico.<\/p>\n

Astrid Puentes Ria\u00f1o, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, sostiene<\/a> que existen m\u00faltiples desaf\u00edos para la defensa ambiental en la regi\u00f3n, aunque identifica dos problemas estructurales. El primero es el involucramiento del propio Estado en las afectaciones ambientales<\/strong>, como ocurre con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoce\u00e1nico en M\u00e9xico. El segundo es la persistente impunidad, que expone a defensores, abogados y periodistas a sufrir ataques sin consecuencias para los responsables, que en muchos casos son las propias autoridades<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n

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El caso de Mahahual ha demostrado que el activismo digital puede convertirse en una de las herramientas m\u00e1s efectivas para la defensa de derechos ambientales y ciudadanos, as\u00ed como para ejercer presi\u00f3n p\u00fablica sobre proyectos considerados de alto impacto ecol\u00f3gico. Sin embargo, especialistas advierten que ninguna campa\u00f1a prospera si no existe sensibilidad gubernamental frente a la crisis ambiental.<\/p>\n

Gustavo Alan\u00eds Ortega, fundador y director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asegur\u00f3 que desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada se ha insistido al Estado en la necesidad de asignar recursos financieros y humanos suficientes \u201ca fin de garantizar un entorno propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales puedan realizar su labor de manera libre y segura\u201d, una exigencia que, seg\u00fan las cifras y los hechos, a\u00fan est\u00e1 lejos de convertirse en realidad.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Fuente: Art\u00edculo original<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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