Argentina está en peligro de ser sometida por un Estado de vigilancia tecnoautoritario, advierte Amnistía Internacional

Cámaras, cámaras y más cámaras

En Buenos Aires se ha expandido una infraestructura de cámaras que, según el informe, alcanzó una cobertura del 82% en julio de 2025. Ese año se adquirieron 850 puntos de captura, equivalentes a 3400 cámaras. Las contrataciones seleccionadas por Amnistía en la ciudad sumaron cerca de 48 millones de dólares, incluyendo infraestructura para capturar, procesar y almacenar imágenes.

La combinación de estas tecnologías resulta especialmente delicada en las manifestaciones. El Gobierno nacional incorporó el llamado “ciberpatrullaje”, mientras que el “Protocolo Antipiquetes” promueve la identificación y sistematización de información sobre manifestantes, organizaciones y vehículos.

También fue creada la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), encargada de tareas relacionadas con análisis de datos, monitoreo digital, reconocimiento facial y predicción del delito, sin mecanismos específicos de control externo.

Efecto disuasorio del tecnoautoritarismo

El efecto más profundo de esta expansión podría no ser visible en ninguna pantalla. Amnistía lo denomina “efecto inhibidor”, la percepción de estar siendo vigilado modifica el comportamiento incluso cuando no existe una represalia concreta. Para estudiarlo, la organización entrevistó a 21 personas, entre periodistas, activistas, estudiantes y personas jubiladas, que llegaron a participar en movilizaciones en Buenos Aires. El informe registra menor disposición a asistir u organizar protestas, cambios en las estrategias de activismo, mayor cautela en las comunicaciones y prácticas de autocensura.

Así, la tecnología deja de ser una herramienta invisible destinada exclusivamente a reaccionar a delitos. Puede convertirse, advierte el documento, en un sistema capaz de identificar rostros, reconstruir movimientos, mapear vínculos, perfilar personas y registrar expresiones políticas. Por ello, los costos de estas políticas de seguridad son más que económicos, y sus efectos se pueden sentir en la manera en que vulneran la privacidad, la libertad de expresión y la disposición de los ciudadanos a ocupar el espacio público.

“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utilice sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetrados por estos sistemas rindan cuentas de sus actos”, señaló Mahmoudi.

Por último, se debe resaltar que lo que ocurre en Argentina es solo un reflejo de una tendencia global. “Lo que está sucediendo en Argentina no es un hecho aislado”, añadió el especialista de Amnistía. “En todo el mundo, los Estados que implantan prácticas autoritarias están aumentando su uso de las tecnologías de vigilancia contra personas que defienden los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes. Demasiado a menudo esto va acompañado de una falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas”.

Puedes consultar o descargar el informe de Amnistía Internacional aquí.