De nada sirve que el iPhone vuele con Wi-Fi 7 si el Internet mínimo en España era una reliquia: el Gobierno por fin exige 100 Megas por ley

Los 100 Megas garantizados: quién se beneficia y qué cambia en la práctica

El nuevo reglamento que propone el Gobierno no va dirigido a quien ya tiene fibra de un gigabyte en casa. Va dirigido a quien vive en una zona rural con cobertura limitada, a quien no puede permitirse una tarifa estándar de mercado o a quien simplemente no tenía opciones más allá de lo que le pusieran delante. Para ese perfil, pasar de 10 a 100 Mbps garantizados importa

Otro de los cambios más relevantes es que el servicio dejará de depender de un único operador. Hasta ahora, si querías acogerte al Servicio Universal, la única opción era Movistar. Con el nuevo decreto, todas las operadoras estarán obligadas a ofrecerlo dentro de su zona de cobertura, lo que significa que el usuario podrá elegir libremente con quién contratarlo. 

En las zonas donde ningún operador tenga cobertura suficiente, el Gobierno licitará el servicio y financiará el coste entre todas las compañías con facturación superior a 100 millones de euros.

A eso se suma el descuento social: un mínimo del 25% sobre el precio habitual de la tarifa, obligatorio para todas las operadoras y aplicable tanto a la cuota mensual como a la cuota de alta. Los beneficiarios incluyen a personas con rentas bajas, receptores del Ingreso Mínimo Vital (lo que afecta a cerca de 800.000 hogares), microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro.

Algunas operadoras ya ofrecían descuentos similares de forma voluntaria, pero a partir de 2027 será una obligación para todas, y tendrán que publicitarlo de manera visible.

Cuándo entra en vigor y qué queda por resolver

La fecha final es el 1 de enero de 2027. La normativa actual, que mantiene a Movistar como único proveedor obligado del Servicio Universal, caduca el 31 de diciembre de 2026, y el nuevo reglamento está diseñado para entrar en vigor justo al día siguiente, sin dejar hueco. Por ahora, el texto está en fase de audiencia pública (arrancó el pasado 22 de abril) y aún tiene que completar su tramitación como Real Decreto antes de ser aprobado definitivamente.

Lo que queda por ver es si el ritmo de aprobación acompaña al calendario previsto y si la implementación en zonas sin cobertura llega a tiempo. La infraestructura existe, la voluntad política está declarada y la fecha está marcada. Ahora toca que el papel se convierta en velocidad real en las casas que más lo necesitan.

Fuente | Ministerio de Transformación Digital

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