En Euskadi creen tener la solución a la oposición de los vecinos a la eólica. Que se lleven un 7% de sus beneficios
El problema que la rentabilidad intenta resolver. El rechazo a los parques eólicos en España —y en Euskadi en particular— no surge de la nada. Tiene raíces concretas y legítimas. Las razones del rechazo son diversas: el impacto paisajístico de los aerogeneradores en zonas montañosas con fuerte valor natural y cultural, las críticas relacionadas con el ruido, el efecto sobre aves y ecosistemas, y sobre todo la sensación de que las grandes compañías eléctricas obtienen beneficios mientras los municipios reciben pocas compensaciones reales. En Álava se tramitan actualmente más de 100 iniciativas renovables, con una concentración especialmente elevada que ha disparado las alarmas vecinales.
La cuestión de fondo es más estructural. El 84% de la energía renovable de España se produce en zonas rurales y en la llamada España vaciada, pero sin que ese dinero se quede en el territorio. Los municipios asumen el impacto visual, sonoro y sobre el paisaje. La energía viaja a las ciudades. Los beneficios, a las sedes de las empresas. Esa desigualdad energética es el núcleo de un problema que se ha manifestado de formas distintas en distintos territorios: Aragón intentó quedarse con su excedente energético, Galicia propuso luz a mitad de precio para vecinos de municipios con instalaciones renovables, y ahora Euskadi prueba con el 7% de rentabilidad para sus ciudadanos.
La propuesta de crowdlending intenta atacar exactamente esa brecha. Si los vecinos también ganan dinero con el viento, la ecuación cambia. El parque deja de ser una infraestructura que impone alguien de fuera y pasa a ser, al menos parcialmente, una inversión propia. Por eso el nombre en euskera importa: Gure Haizea no es solo una marca, es un argumento.
Más que dinero, también luz más barata. El mecanismo es sencillo en su concepción. A través de la plataforma Fundeen, los ciudadanos interesados pueden entrar en el proyecto de Labraza como prestamistas: aportan entre 1.000 y 100.000 euros durante un máximo de tres años y reciben un 7% de interés anual garantizado independientemente de lo que produzca el parque. No compran acciones ni se convierten en propietarios, sino en acreedores del proyecto. Es una distinción importante: el riesgo es menor que en la inversión directa, pero también lo es el control.
La iniciativa está dirigida prioritariamente a los habitantes de Labraza, Barriobusto, Oion y Rioja Alavesa, aunque se abre también a todo el territorio histórico de Álava. El objetivo, según el EVE, es priorizar siempre a los inversores de las zonas más cercanas al parque.
No se limita al rendimiento financiero. Los habitantes de las Juntas Administrativas de Labraza y Barriobusto también tendrán derecho a una tarifa especial de electricidad una vez el parque entre en funcionamiento, y durante toda su vida útil. El paquete incluye además hasta 90 empleos locales durante la construcción, un ingreso inicial de alrededor de 1,2 millones de euros para las arcas municipales al arrancar las obras y unos 230.000 euros anuales en impuestos y cánones. Para explicar los detalles, Iberdrola y el EVE organizaron sesiones informativas presenciales en Labastida, Oion y Laguardia durante el mes de mayo.
España ya tiene precedentes. Lo que Euskadi presenta como novedad no es exactamente un invento propio. El modelo de crowdlending para parques eólicos ya se ha ensayado en otras comunidades españolas, siempre con la misma plataforma —Fundeen— y con una rentabilidad también fijada en torno al 7%.
- En Canarias, la empresa Ayagaures Medioambiente impulsó el Parque eólico Renove II en Agüimes (Gran Canaria) con exactamente este esquema. Más de 45 inversores, priorizando a los vecinos del municipio, aportaron 1.080.000 euros, el 20% del presupuesto total de algo más de cinco millones. El éxito fue tal que la empresa trabaja ya en un segundo proyecto con el mismo modelo.
- En Navarra, el parque eólico Montes de Cierzo de la noruega Statkraft también se abrió a la inversión ciudadana a través de Fundeen. Vecinos de la zona y residentes navarros han aportado más de 2,7 millones de euros dentro de una operación que permite hasta cinco millones de coinversión local, convirtiéndola en una de las mayores operaciones de este tipo asociadas a un parque eólico en España.
- En Baleares, Fundeen lanzó la financiación ciudadana de los parques fotovoltaicos de Son Sunyer y Las Andrevas, en Palma y Sant Llorenç, comenzando exclusivamente por los residentes de los municipios afectados, ampliando después a los pueblos limítrofes, luego a toda Baleares, y finalmente al conjunto del Estado.
Las preguntas que el modelo no responde. La iniciativa es llamativa y los precedentes la avalan, pero conviene no confundir el entusiasmo con la evidencia. Hay preguntas que los datos disponibles todavía no responden.
- La primera es la más obvia: ¿convierte el 7% de rentabilidad a un opositor real en un defensor del proyecto, o simplemente atrae a quienes ya estaban dispuestos a invertir? La respuesta honesta es que no lo sabemos todavía. El hecho de que 51 inversores cubrieran el 60% del objetivo en 24 horas es un éxito de demanda, pero no dice nada sobre si quienes invirtieron eran antiguos opositores o simplemente ciudadanos con ahorros buscando rentabilidad.
- La segunda pregunta tiene que ver con la escala. Los tres millones del crowdlending representan apenas el 5% de la inversión total del parque de Labraza, que asciende a 59 millones. El 95% restante lo ponen Iberdrola y el Gobierno vasco. No es un modelo cooperativo al estilo danés, donde en algunos casos los ciudadanos poseen la mayoría del parque. Es un complemento financiero con rentabilidad real, pero que no cambia quién toma las decisiones ni quién controla el proyecto.
- La tercera pregunta es sistémica: ¿es el rechazo vecinal un problema de incentivos económicos o de participación real en las decisiones? Galicia ha tenido problemas de aceptación social pese a intentar compensar con descuentos en la factura. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia llegó a paralizar 59 de 64 proyectos eólicos a raíz de demandas de grupos ecologistas y vecinales —aunque el Tribunal Supremo los desbloquease posteriormente—. El dinero ayuda, pero no siempre es suficiente.
La apuesta y lo que hay en juego. El Gobierno vasco tiene un objetivo declarado: pasar del 7,9% al 15% de generación eléctrica propia con renovables antes de 2030. Para eso necesita sumar 450 megavatios de nueva capacidad eólica y fotovoltaica, más otros 300 de autoconsumo. Labraza aporta 40 megavatios. Quedan muchos más por conseguir en un territorio donde la oposición sigue siendo intensa y donde el rechazo a los parques eólicos ha empezado a generar problemas reales de financiación para el desarrollo energético de la comunidad.
El modelo Gure Haizea es, en ese contexto, un experimento en tiempo real. Si funciona —si demuestra que hacer partícipes económicamente a los vecinos reduce la conflictividad y acelera los plazos—, puede convertirse en una plantilla replicable en los decenas de municipios españoles donde los proyectos renovables llevan años atascados. Si no funciona, habrá que buscar otra respuesta a la pregunta que ningún gobierno ha sabido resolver del todo: cómo repartir de forma justa los costes y los beneficios de la transición energética entre quienes la producen y quienes la consumen.
Por ahora, la paradoja sigue en pie. El movimiento que aprendió a decir no tiene sobre la mesa una oferta del 7% para decir sí. El viento sigue soplando en Oion. Y la pregunta ya no es solo si los aerogeneradores girarán, sino quién se va a quedar con los beneficios.
Imagen | Iberdrola
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