La economía digital ya sostiene el 27% del PIB de España, pero necesita ser más ágil

De manera específica, el análisis señala que el impacto directo del sector digital en la economía alcanza el 13.42% del PIB, impulsado por un proceso de modernización tecnológica transversal en sectores clave como el comercio minorista, donde uno de cada tres euros generados proviene de plataformas digitales.

En cuanto al impacto indirecto (el efecto de la digitalización a lo largo de la cadena de suministro) y al impacto inducido (el consumo de los trabajadores de sectores digitalizados), el reporte indica que representan el 12.49% y el 1.10% del PIB, respectivamente.

De acuerdo con César Tello, director general de Adigital, estas cifras muestran que “la digitalización se ha convertido en el motor estructural de un modelo productivo más competitivo e innovador que avanza de manera transversal y alcanza sectores que hace pocos años apenas habían iniciado su transformación”.

El informe advierte que el crecimiento de la economía digital no depende únicamente del diseño, despliegue, adopción y uso de nuevas tecnologías. En términos generales, considera necesario establecer mecanismos de gobernanza y marcos regulatorios que, por un lado, otorguen certidumbre para la adopción ética y responsable de avances como la inteligencia artificial y, por otro, sean lo suficientemente flexibles para no frenar la innovación ni la inversión.

El texto plantea que, para mantener y acelerar el crecimiento de la economía digital, España deberá simplificar sus marcos regulatorios. Argumenta que “las normas jurídicas tienen efectos inmediatos en el grado de agilidad con que una empresa es capaz o no de integrar tecnologías digitales en sus operaciones y procesos”.

La regulación excesiva puede asfixiar a la economía digital

Sin embargo, durante los últimos años España ha experimentado un importante crecimiento normativo. Según datos del banco central español, entre 1979 y 2021, las distintas administraciones aprobaron más de 41,800 nuevas normas, mientras que solo en 2022 se añadieron 11,775 disposiciones adicionales. Esto equivale a 32 nuevas normas cada día, o una cada 45 minutos aproximadamente. De acuerdo con el informe, “el número de normas publicadas cada año se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia”.

El análisis sostiene que el incremento en la “densidad legislativa” tiene consecuencias directas sobre la actividad empresarial, la generación de empleo y la capacidad de las unidades productivas para incorporar nuevas tecnologías.

Este fenómeno resulta particularmente visible entre las pequeñas empresas. Según la Asociación Española de la Economía Digital, un aumento de 10% en el volumen regulatorio provoca una reducción de 0.5% en la plantilla de las compañías con menos de 10 empleados, debido a la absorción de los costos administrativos y operativos derivados del cumplimiento normativo.

El reporte añade que, en el ámbito digital, el impacto de la regulación no proviene únicamente de las decisiones adoptadas por los gobiernos españoles, sino que también está estrechamente vinculado con las leyes impulsadas por la Unión Europea.

En los últimos años, la Comisión Europea se ha consolidado como un referente mundial en materia de regulación digital mediante normativas estrictas como la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales.

Según el informe, estas disposiciones han generado un costo operativo considerable para las empresas tecnológicas europeas, que ahora destinan hasta 30% de sus recursos exclusivamente al cumplimiento regulatorio.

La Asociación Española de la Economía Digital no propone una desregulación del entorno digital. En cambio, plantea una simplificación normativa que permita hacer más eficiente el marco legal y convertirlo en un motor de crecimiento sostenible y seguro. La organización sugiere diversas medidas prácticas para alcanzar este objetivo, entre ellas revisiones sistemáticas de las normas para evitar duplicidades, una mayor colaboración entre instituciones reguladoras y el sector privado, así como la incorporación de tecnologías que automaticen el cumplimiento regulatorio.

La asociación sostiene que “la simplificación regulatoria digital actúa como un motor de beneficios indirectos de alta relevancia, aportando agilidad en la implementación de políticas públicas vinculadas a la transición digital, tales como la economía circular y la adopción de modelos de gobernanza alineados con los principios europeos de seguridad económica”.