¿Y si la inteligencia artificial tuviese que pagar dividendos?

La propuesta surcoreana de repartir entre todos los ciudadanos una parte de los beneficios extraordinarios generados por la inteligencia artificial tiene algo de provocación, pero también de diagnóstico certero: si la nueva riqueza se genera usando infraestructuras, educación, datos, energía, estabilidad institucional y décadas de inversión pública, ¿por qué debería capturarla casi en exclusiva un puñado de compañías y accionistas?

En Corea del Sur, la discusión ha surgido alrededor de Samsung y SK Hynix, justo cuando el auge de los chips para inteligencia artificial amenaza con concentrar beneficios en empresas, ingenieros clave y propietarios de capital, mientras gran parte de la clase media apenas recibe efectos indirectos.

La idea se parece, inevitablemente, a una renta básica universal, aunque con una diferencia importante: no se financiaría como gasto social clásico, sino como dividendo de una riqueza creada colectivamente. Es más Alaska que subsidio: un fondo permanente que convierte una renta extraordinaria (allí el petróleo, aquí la inteligencia artificial) en pagos recurrentes a los ciudadanos. El Alaska Permanent Fund sigue siendo el ejemplo más claro de un recurso común convertido en dividendo ciudadano.

Lo interesante en el caso de Corea es que allí el debate no aparece únicamente como política social, sino como política industrial. Corea sabe perfectamente que la inteligencia artificial puede producir una concentración brutal de riqueza en muy pocas compañías, especialmente porque el país tiene un ecosistema extremadamente concentrado alrededor de los chaebols. Cuando el boom de la inteligencia artificial dispara el valor de fabricantes de memoria, centros de datos y plataformas, la pregunta sobre quién captura ese valor deja de ser teórica.

Lo que estamos viendo en Corea del Sur no es todavía una «huelga contra la inteligencia artificial», pero sí algo posiblemente mucho más relevante: las primeras tensiones laborales directamente vinculadas al reparto de la riqueza que genera. Los trabajadores de Samsung llevan meses protestando y convocando huelgas mientras observan cómo el boom mundial de los chips para inteligencia artificial dispara los beneficios de la compañía y las cotizaciones bursátiles, pero no se traduce proporcionalmente en salarios, bonus o participación en esa nueva riqueza. Y eso cambia la naturaleza del conflicto: ya no se trata únicamente de proteger empleos frente a la automatización, sino de cuestionar quién captura el valor creado por ella. Corea del Sur, con sus gigantescos chaebols dominando sectores estratégicos y una de las economías más intensamente tecnificadas del planeta, podría estar convirtiéndose en el laboratorio adelantado de las tensiones sociales de la era de la inteligencia artificial: una economía capaz de generar una productividad extraordinaria… mientras el peso relativo del trabajo humano se reduce progresivamente.

Pero hay alternativas. Una sería gravar los beneficios extraordinarios de la inteligencia artificial, como ha sugerido el FMI, no para castigar la innovación, sino para evitar que una tecnología que reduce empleo y concentra capital destruya la base fiscal sobre la que se construyó el estado del bienestar. Otra sería desplazar parte de la presión fiscal desde el trabajo hacia el capital, los dividendos, las plusvalías y las rentas monopolísticas. Si una empresa sustituye trabajadores por modelos, servidores y algoritmos, seguir financiando la sociedad casi exclusivamente mediante salarios empieza a ser una idea absurda.

Otra alternativa, más interesante todavía, es hablar no solo de renta básica, sino de activos básicos universales: acceso garantizado a educación, sanidad, conectividad, vivienda, energía, datos, capacidad computacional y herramientas de inteligencia artificial. No basta con dar dinero si después el acceso real a la productividad queda encerrado tras suscripciones, plataformas propietarias y monopolios de infraestructura. En la economía de la inteligencia artificial, la desigualdad no será solo de ingresos: será de acceso a capacidades.

También cabe pensar en un «dividendo de datos». Si los modelos se entrenan con producción humana acumulada (textos, imágenes, conversaciones, código, conocimiento público, etc.), la idea de que todo ese valor pueda ser privatizado sin retorno social resulta cada vez más difícil de defender. La inteligencia artificial no nace de la nada: nace de una gigantesca expropiación estadística de la cultura, el trabajo y la información. Pretender que sus beneficios pertenecen únicamente a quien posee los centros de datos es una forma sofisticada de feudalismo digital.

Korinek y Stiglitz ya plantearon en el NBER que la inteligencia artificial puede generar mejoras enormes, pero también redistribuciones muy negativas si no existen mecanismos fiscales capaces de compensar a quienes pierdan con el cambio tecnológico. El problema no es la tecnología: es permitir que sus beneficios se privaticen mientras sus costes se socializan.

La propuesta surcoreana no es obviamente perfecta. Entre otras cosas porque puede asustar a los mercados, puede diseñarse mal, puede derivar en populismo fiscal… o todo ello al mismo tiempo. Pero tiene una virtud inmensa: nos obliga a formularnos la pregunta correcta. Si la inteligencia artificial parece estar sustituyendo progresivamente trabajo humano o al menos por ahora, amenazando con ello, ¿qué hacemos con una sociedad construida alrededor del empleo como fuente de renta, identidad, derechos y fiscalidad?

La respuesta no puede ser «que cada cual se recicle como pueda» mientras cuatro compañías acumulan la infraestructura, los datos, los modelos, el talento y los beneficios. Eso no es innovación: es captura. La inteligencia artificial puede ser una extraordinaria herramienta de prosperidad compartida, pero solo si diseñamos instituciones que lo hagan posible. De lo contrario, habremos inventado una máquina maravillosa para producir abundancia… y la habremos puesto al servicio de la escasez artificial.