No faltan leyes, sobra impunidad: el problema de la violencia digital contra las mujeres en México

Lo alarmante es que la violencia se reproduce más rápido de lo que las instituciones pueden responder, mientras que las posibilidades de reparación siguen siendo mínimas. Cada día surgen nuevos casos. Aunque las imágenes no sean reales, las víctimas sí lo son, y la reparación del daño sigue siendo una deuda pendiente.

A primera vista, esto podría parecer un vacío legal que exige nuevas leyes o reformas, pero el problema de fondo no está ahí. Si bien México es pionero en la tipificación de la violencia digital, denunciar un delito no garantiza el acceso a la justicia.

¿Y por qué la mayoría de las denuncias se quedan en trámite?

De acuerdo con el colectivo Luchadoras, en su reporte ‘Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México’, la escasez de sentencias se debe a problemas estructurales como la falta de capacitación, la revictimización y la obtención de pruebas.

Empezando con la falta de capacidades, los espacios de denuncia carecen de personal calificado para investigar, enjuiciar y juzgar los casos con perspectiva de género, una realidad agravada por la ausencia de protocolos claros y estandarizados.

Esto lleva a desalentar las denuncias por temor a la revictimización. Muchas de las personas servidoras públicas siguen minimizando la gravedad de la violencia digital, lo que resulta en denuncias desestimadas o casos que se estancan.

Por último, para las pocas personas que deciden denunciar, el proceso implica otro reto: la obtención de evidencia. En ellas recae la responsabilidad de recopilar pruebas digitales como capturas de pantalla, metadatos, URLs de las publicaciones y navegar procesos con las plataformas sin el apoyo institucional adecuado para bajar el contenido de internet. Como señaló la activista Olimpia Coral Melo, el “70% de las denuncias que no se han podido vincular a proceso […] ha sido por la falta de pruebas, pruebas que dependen, en su gran mayoría, de las plataformas digitales”.

El rol de las empresas

En este contexto, cobra relevancia el acuerdo de colaboración voluntaria que el gobierno mexicano firmó en marzo con Google, Meta y TikTok, cuyo objetivo es prevenir y atender de manera oportuna los casos de violencia de género en el entorno digital. El acuerdo de colaboración se divide en dos ejes, prevención y atención, siendo uno de sus puntos el “fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias”. Esto exhibe que el problema no es la falta de normas, sino la falta de condiciones para hacerlas cumplir.

Al momento de denunciar, gran parte de la evidencia que se solicita, la trazabilidad de los casos y la contención del daño dependen de las plataformas. Sin su colaboración para preservar el contenido o facilitar el acceso a datos clave, como los datos de las personas usuarias, o incluso agilizar la baja de materiales, los procesos legales se debilitan o simplemente no avanzan.

Más que un mecanismo aislado, este acuerdo pone en evidencia una realidad incómoda, es decir, la efectividad de la ley no depende únicamente del Estado, sino de la capacidad de coordinación con actores privados. Pero si su papel es clave, ¿por qué está colaboración es de carácter voluntario y no se establecen mecanismos más vinculantes?

Países como Brasil han comenzado a ejercer esquemas más rígidos, exigiendo a plataformas como X (antes Twitter) implementar medidas más estrictas frente a “la producción de contenido sexualizado o erotizado de niños, niñas y adolescentes, así como de adultos que no hayan expresado su consentimiento.” Este contraste deja una lección clara: no basta con que existan leyes, ni con que las plataformas participen. Lo que se necesita es un ecosistema donde la colaboración sea obligatoria y estandarizada para lograr su eficacia. Porque si la evidencia o el avance de los casos y la reparación de los daños dependen de actores que no están plenamente integrados al sistema de justicia, la ley, por sí sola, resulta insuficiente.

En ese contexto, en México el problema no es solo normativo, sino de implementación y coordinación. Sin mecanismos eficaces entre autoridades y plataformas, cualquier marco legal seguirá enfrentando los mismos límites en la práctica.

Mientras esa brecha persista, la justicia seguirá siendo, para muchas mujeres, cuestión de suerte. Como ganarse la lotería.